Reglas de Carácter General de la LFPIORPI 2026

Habilita el alta y registro de quienes realizan Actividades Vulnerables a través de un fideicomiso o de otra figura jurídica, mediante los nuevos Anexos 2 Bis y 2 Ter.

• La información de integrantes o miembros se envía en un archivo XML generado con la herramienta publicada en el Portal en Internet (Art. 10 Sexies).
• Para corregir la información de un integrante primero debe darse de baja y después reenviarse toda su información (Art. 10 Sexies).
• En una Asociación en Participación, el asociante es el responsable del alta y registro, con la e.firma asociada al RFC de dicha Asociación (Art. 10 Sexies 1).

Desarrolla la obligación del Art. 18, fracción VII de la Ley: diseñar e implementar una metodología de evaluación de Riesgos sobre los actos u operaciones, los clientes, sus transacciones y los canales de envío o distribución.

• El diseño de la metodología debe constar en el Manual de Políticas Internas o en otro documento, y describir los procesos de identificación, análisis, entendimiento, medición y mitigación de Riesgos (Art. 10 Septies).
• Debe considerar cuatro elementos mínimos: actos u operaciones; tipo de clientes o usuarias; países y áreas geográficas; y transacciones y canales de envío o distribución (Art. 10 Septies 1, fr. I).
• Exige indicadores específicos para los delitos de los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal (Art. 10 Septies 1).
• La implementación debe usar información de un periodo no menor a doce meses; sin operaciones en ese periodo se usan datos proyectados y se actualiza al cumplir los primeros doce meses (Art. 10 Septies 2).
• Debe revisarse y actualizarse cuando se detecten nuevos Riesgos, cuando se actualice la Evaluación Nacional de Riesgos o en un plazo no mayor a doce meses (Art. 10 Septies 3).
• La información generada se conserva por al menos diez años y se proporciona al SAT o a la UIF cuando lo requieran (Art. 10 Septies 3).

Obliga a contar con un modelo de evaluación que clasifique a cada cliente por Grado de Riesgo individual, coherente con la metodología del Capítulo II Quáter.

• Mínimo tres clasificaciones: Grado de Riesgo bajo, medio y alto, pudiendo añadir los intermedios que se consideren necesarios (Art. 23 Bis).
• La evaluación del Grado de Riesgo se realiza al menos cada seis meses, y con mayor frecuencia mientras mayor sea la clasificación (Art. 23 Bis 1).
• Deben considerarse factores inherentes (antecedentes, tipo de persona, giro, nacionalidad, residencia, fuentes de ingreso) y transaccionales (tipo, volumen, frecuencia, monto, contrapartes, origen y destino de recursos) (Art. 23 Bis 2).
• Se consideran de Grado de Riesgo alto, al menos, los no residentes vinculados a jurisdicciones con regímenes fiscales preferentes o con medidas deficientes contra el lavado, y las Personas Políticamente Expuestas extranjeras (Art. 23 Bis 4).
• La UIF pondrá la lista de esos países y jurisdicciones a disposición en el Portal en Internet (Art. 23 Bis 4).

Introduce la política de conocimiento del cliente y el Perfil transaccional como pieza central del monitoreo, con un sistema de alertas obligatorio.

• La política debe incluir procedimientos de seguimiento y monitoreo, de conocimiento del Perfil transaccional, y criterios para modificar el Grado de Riesgo (Art. 23 Ter).
• Durante los primeros seis meses el Perfil transaccional inicial se determina con los montos máximos mensuales que el propio cliente estime realizar (Art. 23 Ter 1).
• El Perfil transaccional se evalúa al menos cada seis meses (Art. 23 Ter 1).
• Obligación de implementar un sistema de alertas que detecte cambios en el comportamiento o Perfil transaccional (Art. 23 Ter 2).
• Para clientes de Riesgo alto: cuestionarios de identificación sobre origen y destino de recursos, que pueden aplicarse por medios digitales con Firma Electrónica (Art. 23 Ter 3).
• Personas físicas de Riesgo alto: medidas reforzadas y, en su caso, datos del cónyuge, dependientes económicos y sociedades con vínculos patrimoniales (Art. 23 Ter 4).
• Personas morales de Riesgo alto: verificar los datos de accionistas o socios en los registros electrónicos de la Secretaría de Economía (Art. 23 Ter 4).
• Un cliente que sea PEP y además de Riesgo alto requiere aprobación de un directivo o equivalente (Art. 23 Ter 5).

Define quién es PEP para efectos del Art. 3, fracción IX Bis de la Ley y regula la consulta a la aplicación Consulta PEP 2.0 de la UIF.

• Son PEP quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en el extranjero: jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, y miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales (Art. 23 Quáter).
• Se asimilan a PEP el cónyuge, la concubina, el concubinario, el parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, y los socios o asociados con vínculos patrimoniales (Art. 23 Quáter).
• La condición de PEP nacional se mantiene durante el año siguiente a aquel en que se dejó el cargo (Art. 23 Quáter).
• La consulta se realiza en la aplicación Consulta PEP 2.0 de la página oficial de la UIF con la e.firma usada en el alta y registro (Art. 23 Quáter 1).
• Las Entidades Financieras pueden solicitar acceso mediante escrito libre firmado por el representante legal y el oficial de cumplimiento (Art. 23 Quáter 1).
• El capítulo entra en vigor con el resto del Acuerdo, pero la consulta del Art. 23 Quáter 1 puede realizarse nueve meses después de la entrada en vigor (Transitorio Décimo).

Fija un orden de prelación obligatorio para identificar al Beneficiario Controlador y reglas específicas para fideicomisos.

• Primero: la persona física o grupo que directa o indirectamente posea el 25% o más de la composición accionaria o parte social (Art. 23 Quinquies, fr. I).
• Segundo: quien tenga el control por otros medios y cuyas funciones se relacionen con la estrategia, toma de decisiones y dirección de las políticas principales (fr. II).
• Tercero: quien ocupe la posición de funcionario administrativo de mayor grado o de alta dirección (fr. III).
• En fideicomisos es Beneficiario Controlador quien ejerza el control efectivo: fiduciarios, fideicomitentes, fideicomisarios, protectoras o miembros del comité técnico (Art. 23 Quinquies 1).
• La identificación debe hacerse antes del acto u operación o, a más tardar, al establecerse la Relación de negocios (Art. 23 Quinquies 1).
• No se recaban datos del Beneficiario Controlador cuando el cliente cotiza en bolsa reconocida o es una persona moral de los Anexos 4 Bis, 6 Bis, 7-A y 7 Bis A (Art. 23 Quinquies 2).

Convierte el Manual de Políticas Internas en un documento con contenido mínimo obligatorio de catorce apartados, exigible a los noventa días naturales del alta y registro.

• Debe elaborarse a los noventa días naturales del alta y registro (Art. 37).
• Contenido mínimo: criterios de identificación y conocimiento de clientes; mecanismos de clasificación de Riesgo; medidas de debida diligencia por Grado de Riesgo; procedimientos para PEP; detección de operaciones fuera del Perfil transaccional; presentación de Avisos e Informes; conservación de información; acumulación de operaciones; consulta de listas de autoridades nacionales e internacionales; funciones del Representante Encargado de Cumplimiento; programas de capacitación; control interno, supervisión y auditoría; confidencialidad; y actualización del propio Manual (Art. 37 Bis).
• Los Grupos Empresariales deben implementar políticas y mecanismos centralizados aplicables a todas las sucursales y filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras (Art. 37 Bis 1).
• Si se decide no realizar ciertos actos u operaciones, puede quedar exento de regularlos siempre que la circunstancia conste en el Manual (Art. 37 Bis 2).
• El SAT puede ordenar modificaciones al Manual en ejercicio de sus facultades de supervisión (Art. 37 Bis 3).

Sujeta a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro a medidas proporcionales con enfoque basado en riesgo respecto del delito del artículo 139 Quáter del Código Penal Federal.

• Aplica a asociaciones y sociedades sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos a fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o filantrópicos (Art. 38 Bis).
• La obligación existe con independencia de que sean o no consideradas Actividad Vulnerable conforme al Art. 17 de la Ley (Art. 38 Bis 1).
• Las medidas deben incluir programas de capacitación y difusión, y monitoreo de operaciones con donantes o países de alto Riesgo (Art. 38 Bis 2).

Desarrolla la capacitación anual obligatoria y añade procedimientos de selección de personal con declaración firmada.

• Dirigida a consejo de administración, administrador único, directivos, funcionarios, Representante Encargado de Cumplimiento y empleados de atención al público, identificación de clientes, envío de Avisos o auditoría (Art. 39 Bis).
• Al menos un curso, taller o programa al año sobre la Ley, el Reglamento, las reglas, el Manual de Políticas Internas, los actos u operaciones del Art. 17 y los Riesgos a que se está expuesto (Art. 39 Bis, fr. I).
• Quien imparta la capacitación debe acreditar al menos cinco años de experiencia en prevención de lavado de dinero (Art. 39 Bis, fr. III).
• Conservar diez años la evidencia documental de la capacitación (Art. 39 Bis 1).
• El personal de atención al público o administración de recursos debe capacitarse de manera previa o simultánea a su ingreso (Art. 39 Bis 1).
• Cada funcionario o empleado debe firmar una declaración sobre sectores previos en que laboró y sobre no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales ni inhabilitado (Art. 39 Bis 2).

Define las seis funciones mínimas que deben desarrollar los mecanismos automatizados del Art. 18, fracción X de la Ley.

• Deben ser razonablemente adecuados al volumen, naturaleza y complejidad de los actos u operaciones y al Riesgo de quien realiza la Actividad Vulnerable (Art. 41).
• Conservar, actualizar y permitir la consulta del expediente único de identificación (fr. I).
• Agrupar en base consolidada las operaciones por cliente, detectar desviaciones del Perfil transaccional y realizar la acumulación del Art. 17 de la Ley (fr. II).
• Proveer la información de la metodología del Capítulo II Quáter (fr. III).
• Ejecutar el modelo de evaluación de Riesgos y conservar el histórico de cambios de Grado de Riesgo y Perfil transaccional por no menos de diez años (fr. IV).
• Ejecutar un sistema de alertas para Riesgo alto, PEP, listas del Art. 38 y jurisdicciones de alto riesgo (fr. V).
• Monitorear el uso de efectivo y metales preciosos conforme al Art. 32 de la Ley (fr. VI).

Establece la revisión anual de cumplimiento del 1 de enero al 31 de diciembre, con dictamen, escala de calificación de cinco niveles y plazo de entrega.

• La revisión evalúa y dictamina del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año la efectividad del cumplimiento de la Ley, el Reglamento y las reglas (Art. 42).
• En el primer año de operaciones el periodo corre desde el inicio de operaciones y hasta el 31 de diciembre del año siguiente (Art. 43).
• Riesgo bajo o medio: puede dictaminar el área de auditoría o control interno, con personal independiente del Representante Encargado de Cumplimiento (Art. 44).
• Riesgo alto o por elección: auditor externo independiente con título y cédula, tres años de experiencia y certificación vigente de la UIF (Art. 45).
• Cada obligación se califica como Cumple, Cumple mayoritariamente, Cumple parcialmente, No cumple o No aplica (Art. 48).
• El dictamen debe incluir una proyección económica del monto de las multas en caso de no atender las acciones correctivas (Art. 49).
• La revisión se realiza dentro de los tres meses siguientes al cierre del año auditado y el dictamen se entrega a más tardar el último día hábil de marzo (Art. 50).
• El dictamen y su soporte se conservan al menos cinco años desde su entrega (Art. 51).